El Catastro de Ensenada fue el paso
previo a una reforma fiscal, que no se llevó a efecto, cuyo propósito era
simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y sustituirlas por
una Única Contribución "a proporción de lo que cada uno tiene, con equidad
y justicia".
Para
conocer la renta real de las personas, lugares, provincias del Reino, era
necesario hacer previamente una "averiguación" universal de todos los
bienes de los vasallos, sin excepciones, también de los eclesiásticos y de los
nobles. El Catastro, se realiza a partir de las declaraciones individuales, que
se hacían cabeza a cabeza, tanto unidades familiares, como institucionales. En
esto consiste el Catastro: declaraciones de bienes de los titulares, comprobación
de la veracidad por la Administración con ayuda de los peritos y técnicos,
constitución de los libros donde se registraba todo, cálculo del valor fiscal
de esos bienes, establecimiento de los estadillos de resumen de cada pueblo
(separando los legos y eclesiásticos) y a su vez de cada provincia. Todo ello
para calcular la renta local, la provincial y la del Reino.
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| Estado de la Villa de Cercedilla (Madrid) |
La
Instrucción formada por 41 artículos o capítulos, explica con todo detalle la
forma de proceder, lo que había que averiguar, como fijar las utilidades y las
rentas y los libros oficiales en que todo debía quedar recogido y formalizado.
Se completaba con una serie de formularios y anexos, con modelos y ejemplos
prácticos.
Para
desarrollar el proyecto se crea un organismo administrativo superior, la Real Junta de la Única Contribución,
que dependía directamente del Rey Fernando VI. Formada por miembros de los
Consejos e Intendentes, para tranquilizar al Clero ante la averiguación de sus
bienes se coloca al frente al Inquisidor General. Su secretario Bartolomé
Sánchez de Valencia, que había dirigido la operación piloto en Guadalajara, es
el alma de todo el proceso. También es fundamental el marqués de Puertonuevo,
que actuó de analista, consultor y asesor.
Las averiguaciones en los pueblos se encomiendan
a los Intendentes Provinciales; posteriormente intervendrán en el proceso las
Contadurías Provinciales. Todo el proceso sería a cuenta del Erario Real.
Los
datos recogidos se consideran bastante fiables, gracias a cautelas como la
comprobación de los datos por peritos, en ocasiones de los pueblos vecinos; la
lectura pública de los libros de lo real; o la presencia del párroco del lugar,
que aporta los certificados de pagos de diezmos.
En
1756 los trabajos estaban casi concluidos, aunque algunas operaciones como la
de Murcia habían tenido que repetirse completas, y las averiguaciones de la
Villa y Corte se alargaron sin remedio, quedando sin terminar por los intentos
de ocultamiento y oposición de los sectores privilegiados. La caída de Ensenada
en julio de 1754 no había significado la paralización del proyecto. En 1757 se obtuvo incluso el Breve del Papa
Benedicto XIV que autorizaba la aplicación de la Única Contribución a los
bienes de los eclesiásticos. Y cuando nada parecía impedir ya la puesta en
marcha del nuevo sistema fiscal, la muerte de Bartolomé Sánchez de Valencia en
este mismo año, sumada a la inacción de la Administración por la postración del
Rey Fernando VI, su grave melancolía, desde la muerte de la reina Bárbara de
Braganza, hacen que se pase el momento. Se volverá a estudiar la reforma en
1760 y en 1770, ya en el reinado de Carlos III, y se abandona definitivamente
en 1779, treinta años después del inicio de la averiguación.
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| Zenón de Somodevilla. Marqués de Ensenada |
Las operaciones catastrales costaron a
la Hacienda Real, según Canga Argüelles, cinco años de esfuerzos y 40 millones
de reales. Para Concepción Camarero,
"el número de jueces subdelegados que dirigieron dichas averiguaciones en
cada una de las 14.672 entidades de población se acercó al millar; en sus
audiencias trabajaron más de seis mil hombres, los peritos de los pueblos ...
pasaron de los noventa mil; en los documentos elaborados quedaron registrados
más de siete millones de personas y varios cientos de millones de piezas de
tierra, que se pasearon y reconocieron una a una y muchas se midieron; se
contaron las colmenas, cada una de las cabezas de ganado; se obtuvieron las
tazmías de cinco años; los cabildos, monasterios y nobles tuvieron que
desempolvar legajos de sus archivos para hacer copiar y autentificar los
documentos en los que figuraban sus ancestrales privilegios; no quedó casa, ni
corral, ni tienda sin medir, ni cuba de vino sin cubicar; en muchos pueblos
hasta se contaron los árboles".
Dejando
de lado lo que hubiera podido ser y no fue, al no implantarse la reforma
fiscal, tampoco entró en vigor un
sistema de registro de bienes, lo que entendemos ahora por catastro, en el
que se hubieran ido reflejando los cambios por venta, herencia y otros, en las
propiedades registradas. Sin embargo, el importantísimo volumen de documentos,
a pesar de las pérdidas explicadas anteriormente, permite la más completa
radiografía de la Corona de Castilla a finales del Antiguo Régimen.
Información extraída de
PARES
