El juez granadino que tuvo la oportunidad de cambiar la historia de España y que terminó sus días desterrado en La Puebla de Don Fadrique, tras colaborar con los generales franceses en su asentamiento en Granada.
Texto extraído de El Independiente de Granada
Hoy la historia de España sería otra muy distinta si... el juez granadino Andrés Romero Valdés hubiese cumplido al pie de la letra las órdenes de Carlos IV y de la reina María Luis de Parma. Fernando, su hijo mayor, era Príncipe de Asturias y planificó un golpe de estado contra sus progenitores y el valido Manuel Godoy. Aquella trama de 1807 es conocida como el Complot de El Escorial. Una vez descubierta la conspiración, le tocó instruirla al Alcalde de Casa y Corte decano de Madrid. Las órdenes de la reina madre fueron tajantes: había que decapitar al Príncipe de Asturias inmediatamente. El alcalde abrió un proceso político-judicial que duró dos meses y libró al Príncipe de la muerte. Pocas semanas después, Fernando consiguió su propósito de ser rey de España, aunque destituido inmediatamente por Napoleón. Romero Valdés se convirtió en afrancesado y ocupó importantísimos puestos durante la ocupación francesa.
El príncipe Fernando, en marzo de 1807 empezó a conspirar para derrocar a sus padres del trono y ponerse él de monarca. Contaba con simpatías y apoyos de buena parte de la población española, especialmente de la nobleza y alto clero, además de sectores ilustrados, francmasones y liberales, que eeían en el Príncipe un revulsivo de cambio prometedor para España. Al otro lado de los Pirineos comenzaban a concentrarse las tropas de Napoleón para, supuestamente, invadir Portugal anglófilo. El descontento y la división aumentaban en España, especialmente contra Godoy y sus ambiciones de reinar.
Los movimientos del Príncipe para destronar a sus padres y a Godoy fueron continuos; el plan incluía el asesinato del valido y la Reina, a quienes se veía como verdaderos obstáculos del cambio. La trama fue descubierta durante la estancia de otoño de la familia Real en el Palacio de El Escorial y se dio órdenes de detener a colaboradores y allegados del Príncipe. Aquella noche del 27 de octubre de 1807, la reina convenció a su esposo de que había llegado el momento de acabar de una vez con las conspiraciones de su desagradecido hijo, y así dejar paso a Carlos María Isidro al principado de Asturias. Estaba convencida de que los papeles encontrados a la trama decían la verdad: iban a ejecutar a Godoy y al menos a la reina. Por eso, María Luisa de Parma se adelantó y exigió al Alcalde de Casa y Corte que decapitase al Príncipe de Asturias inmediatamente, en aquel mismo lugar.
El Alcalde de Casa y Corte, decano de Madrid y responsable del distrito de Maravillas (que incluía en Palacio Real) era el granadino Andrés Romero Valdés. Aquel alcalde tenía como misión ayudar a impartir justicia al rey allá donde éste se desplazara, con competencias en un radio de al menos cinco leguas. Por tanto, solía desplazarse con la Corte, especialmente en sus continuos trasiegos a los reales sitios de El Escorial, La Granja y Aranjuez. Mas, en esta ocasión había quedado en Madrid y fue llamado con urgencia.
Pero Andrés Romero Valdés debió ser hombre templado, quizás también partidario del Príncipe, y no accedió a los deseos de ejecución inmediata que le exigía la reina. Los monarcas se lo habían ordenado en presencia de la mayor parte de su gobierno, los ministros de Estado, Marina, Hacienda, Gracia y Justicia, en una reunión que tuvo lugar en la habitación de la reina. El 29 de octubre por la tarde constituyó un tribunal instructor de la causa con el que compartir responsabilidades; se apoyó en Arias Mon y Velarde, y Domingo Fernández Campomanes (vocales del Consejo de Estado, que aconsejaron prudencia e informar a Napoleón de lo ocurrido). Los tres se encerraron en El Escorial durante las semanas siguientes para ir tomando declaración al Príncipe y a todos sus cómplices allí encarcelados. El Príncipe publicó un escrito solicitando perdón, dirigido a sus padres. El proceso judicial se fue desinflando, de manera que para finales de enero de 1808 nadie resultó condenado a muerte.
La reina entendió aquella sentencia absolutoria de su hijo como un gran insulto y desprecio hacia su persona. De hecho, el asunto fue tan torpemente manejado por la casa real que al pueblo le quedó la sensación de que todo había sido una maniobra de la reina y Godoy para desembarazarse del del Príncipe de Asturias.
No transcurrieron muchos meses más de aquel turbulento año 1808 sin que Fernando consiguiera hacerse con la corona de su padre tras el motín de Aranjuez. Pero le duró sólo unas semanas, hasta que Napoleón lo llamó a Bayona y se la quitó para ponerla en la cabeza de su hermano José I Bonaparte y entre los diez jueces de Madrid que propuso el general Murat para controlar la justicia se encontraba Andrés Romero Valdés; su nombre figura entre los primeros nombramientos que hizo el rey José I en julio, nada más llegar a Madrid. Se encargaría de los asuntos contenciosos del Consejo Real. Desde Granada, Romero Valdés colaboró con los generales franceses en asentar a sus tropas en los puntos neurálgicos del Reino, así como de iniciar las primeras expropiaciones y dirigir el programa de reformas urbanísticas que inició el general francés Horacio Sebastiani.
José Bonaparte abdicó su corona el 7 de enero de 1814. Fernando VII volvió a ser reconocido como legítimo rey español por el Emperador de Francia, a quien devolvió sus derechos dinásticos. España, tras varios años de guerras, se dispuso a recibirlo como el “deseado”, y el antes todopoderoso Andrés Romero Valdés cayó desgracia a mediados de 1814 y se retiró a las propiedades familiares de la Puebla de Don Fadrique, de donde nunca más salió y donde falleció el 27 de agosto de 1821.
Un hidalgo de amplia familia de juristas
Andrés Romero Valdés procedía de una familia hidalga, de juristas arraigados en la Puebla de Don Fadrique, pero con conexiones familiares en Cuenca y en la Región de Murcia.
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| Genealogía facilitada por D. Antonio Martín Marín |
Su nombre y apellidos completos eran Andrés Romero-Valdés y Paracuello; había unido los dos apellidos de su padre, famoso jurista y cargo público, el oidor Andrés (Antonio) Romero Valdés (fue alcalde mayor de Don Benito, Plasencia, Écija, Alcalá la Real, Gerona, magistrado en Barcelona, etc.) No había nacido en La Puebla de Don Fadrique (Granada), sino durante la estancia de sus padres en Alcalá la Real, Jaén (el 28 de febrero de 1760), aunque siempre se decía natural de La Puebla. Su madre fue María Francisca Paracuello y Montesinos, tal como se puede ver en el expediente para ingresar en la Orden de Santiago de su hijo Andrés.
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| Caballeros de Santiago. Prueba de nobleza |
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